A
propósito de la conmoción que pretende la oposición venezolana
causar en la población, debido al acuerdo petrolero binacional entre
Venezuela
y EEUU,
es importante conocer cómo fue el manejo de la industria nacional y
cómo ese manejo se reflejó en beneficios para el Pueblo venezolano,
antes de la era Chávez.
Bajo
el primer gobierno de Carlos
Andrés Pérez,
luego de la nacionalización de la industria se instauró el modelo
de Monopolio
Estatal,
que duró desde 1976 hasta 1992, y transformó radicalmente la
relación entre el Estado, la riqueza petrolera y la sociedad
venezolana. Durante este periodo, el lema central fue "Sembrar
el Petróleo",
traduciéndose en una masiva transferencia de recursos hacia el gasto
público, el desarrollo de infraestructura y programas sociales.
Al
realizar una investigación respecto a las ganancias financieras
generadas por este modelo y cómo se convirtieron en beneficios
tangibles para el pueblo venezolano, pudimos conocer lo siguiente:
El investigador Erick Camargo publicó un artículo llamado "Renta petrolera, caudillismo y centralización" en el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, que "sobre las ganancias financieras del Estado o el ingreso fiscal, al
eliminar a las concesionarias extranjeras, el Estado venezolano pasó
a percibir la totalidad de la renta petrolera a través de tres vías
principales: impuestos sobre la renta a las filiales de la empresa
estatal Petróleos
de Venezuela,
S.A. (PDVSA), regalías por explotación y utilidades netas".
Los
primeros años del monopolio petrolero, se conocen como la era de la
gran bonanza entre 1976 y 1981, en la que los ingresos fiscales
petroleros se multiplicaron exponencialmente debido a los altos
precios internacionales del crudo impulsados por la crisis que
hubo
en el
Medio Oriente. El presupuesto nacional experimentó un crecimiento
sin precedentes, otorgando al Estado una liquidez gigantesca.
Camargo añadió en su investigación que "en
esa misma época, se manejaba la retención de utilidades, que a
diferencia de la era de las concesiones, el dinero ya no salía del
país hacia las casas matrices de Exxon
o Shell
en el extranjero. Las ganancias se quedaban en las cuentas del Banco
Central de Venezuela
(BCV) y en el Fondo
de Inversiones de Venezuela
(FIV). Bajo
este esquema de trabajo, la comercialización y operación del crudo
se estructuraba a través de mecanismos como la venta directa; en la
que las filiales de PDVSA
como Lagoven, Maraven y Corpoven, asumieron por completo la venta del
crudo venezolano en los mercados internacionales".
El
petróleo se negoció
principalmente mediante contratos de suministro directo con
refinerías internacionales, gobiernos extranjeros y clientes
tradicionales. El Estado venezolano firmó contratos de asistencia
con las antiguas concesionarias transnacionales (como Exxon, Shell y
Gulf).
La
política de internacionalización de PDVSA
en la década de 1980, se fundamentó en la compra de refinerías en
el exterior, para asegurar mercados estables frente a las caídas de
precios. Bajo esta estrategia, la empresa estatal petrolera adquirió
el control total de refinerías y sistemas de distribución en los
EEUU
(como Citgo) y Europa.
En
los años 80 se enfrentó el colapso de los precios mundiales del
crudo. Al ser un monopolio cerrado, el Estado debía financiar toda
la inversión de su bolsillo. Cuando los ingresos fiscales cayeron,
la industria se quedó sin capital suficiente para explorar nuevos
pozos y mantener la producción a largo plazo.
Algunas
ganancias obtenidas se inyectaron directamente en la sociedad
reflejadas
en mejoras
en la calidad de vida de la población de clase media,
particularmente entre 1976 y principios de los años 80.
Aunque
se mostraban beneficios en la modernización de las ciudades
principales del país durante la primera mitad del monopolio, el
modelo mostró su fragilidad a partir del 18
de febrero de 1983, el
recordado
Viernes Negro;
debido
a la caída sostenida de los precios mundiales del petróleo y el
peso de la deuda pública externa contraída durante los años de
abundancia demostraron que el esquema dependía en exceso del valor
volátil del barril y el uso de las ganancias era abiertamente
desigual, profundizando la pobreza en los sectores económicamente
más deprimidos.
El sociólogo venezolano, Luis Pedro España, en su investigación llamada Programas Sociales y Déficits de Atención Social, publicada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) sostiene que "contrario
a lo se expone hoy en día, la realidad venezolana mostraba una
Venezuela
con altos niveles de desigualdad; y la
pobreza estructural pasó de menos del 15% en los años 70 a superar
el 50% en 1990 debido a tres factores
fundamentales:
Al
caer los precios mundiales del petróleo en los años 80, el Estado
se quedó sin dinero. Como no se había diversificado la economía
interna, no había industrias privadas fuertes que generaran empleos
estables y productivos.
Las
empresas privadas empezaron a quebrar debido a los controles de
cambio, las devaluaciones y la recesión. Para sobrevivir, la
población se refugió masivamente en la economía
informal,
que no contaba con seguridad social, pensiones ni salarios fijos.
El
dinero que ingresaba por el poco petróleo vendido no se usaba para
la población, sino para pagar los millonarios intereses de la deuda
externa que los gobiernos habían contraído irresponsablemente
durante los años de abundancia".
En
resumen, a pesar del aumento de los ingresos producto de la venta de
petróleo en los años 80, no se atendieron las necesidades básicas
de la población más vulnerable, tampoco se pagó la deuda externa y
el país recibió la década de los 90 sumido en un alto nivel de
endeudamiento, recesión económica y los más altos grados de
desigualdad social.
AMELYREN BASABE/REDACCIÓN MAZO
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